El Ministro del Tribunal Constitucional, José Ignacio Vásquez Márquez, participó en los diálogos y votaciones como miembro titular de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, los días 15 y 16 de marzo en Venecia. Con anterioridad, presidió el trabajo de la subcomisión América Latina del órgano, que reúne representantes de más de 60 países.
El ministro José Ignacio Vásquez Márquez participó como presidente de la subcomisión América Latina en la sesión del Bureau Ampliado de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia), el día jueves 14 de marzo, donde se reunieron previamente la directiva de la Comisión de Venecia (Presidente, Claire Bazy, los Vicepresidentes y la Directora Secretaria Simona Granata-Menghini) y los presidentes de las subcomisiones, a fin de acordar los aspectos de la sesión plenaria 138 que tuvo lugar los días siguientes.
Posteriormente, participó en la sesión plenaria 138 que se realizó los días 15 y 16, en la que se reunieron todos los integrantes o representantes de los países permanentes e invitados, entre los cuales se encuentra Chile. En la oportunidad el tema más relevante fue dar cuenta y aprobar la Opinión del Comité de expertos que informó al tenor de la consulta efectuada por el Senado de España, acerca de la ley de amnistía por el proceso independentista de Cataluña llevado a cabo el año 2017. La ley es promovida por el gobierno presidido por Pedro Sánchez. Intervinieron en la ocasión el Presidente del Senado y la Secretaria del Congreso de los Diputados de España, presencialmente.
La Opinión de la Comisión aprobada por unanimidad señaló que, si bien con la referida iniciativa legal no se ha producido una vulneración de la separación de poderes, sin embargo, observó y recomendó lo siguiente: 1) que su aprobación se haga con una mayoría calificada superior (quórum supra mayoritario) respecto de la mayoría absoluta que es la establecida actualmente en la ley orgánica del Congreso. Ello además garantizaría un consenso político amplio y una legitimidad de la amnistía; 2) que sean los jueces quienes apliquen los criterios de la ley caso a caso, como, por ejemplo, el levantamiento de las medidas cautelares por considerarse esto una garantía del principio de separación de funciones y no una imposición pura y simple de la ley y del legislador. Ello podría implicar mantener órdenes de detención como el caso del ex presidente de la Asamblea de Cataluña, Carles Puigdemont y otras medidas necesarias; 3) Asimismo se sugiere que el proyecto de la ley de amnistía no cubra un período amplio y vago y se estima que en el proyecto no hay justificación tanto para las fechas dispuestas ni las urgencias en la tramitación que se le ha dado; 4) Sobre los delitos de terrorismo que el tribunal supremo español imputa a determinadas autoridades catalanas, como el ex presidente Puigdemont, ello debe tener en consideración los textos internacionales; 5) Asimismo se sugiere en la Opinión experta de la Comisión de Venecia, que los actos de corrupción que se pretenden amnistiar, como la malversación de fondos públicos con los que se financiaron los actos de convocatoria a la independencia de Cataluña, resultan extremadamente vagos y por lo tanto es necesario clarificar el vínculo entre el gasto ilegal y las convocatorias ilegales de los años 2014 y 2017.
En resumen, “la opinión de la Comisión de Venecia no observa inconstitucionalidad en la iniciativa legal, sin embargo, advierte que ella requiere un consenso muy amplio en su aprobación legislativa, y si es necesario, debe reformarse la Constitución española para modificar los quórums de aprobación de suerte de lograr una mayoría superior a la mayoría absoluta”, relató el Ministro Vázquez.
La Opinión de la Comisión preparada por un comité de expertos constitucionales fue unánimemente aprobada en esos términos.
