Así se deduce de las ponencias realizadas el martes 3 de diciembre por la ministra del Tribunal Constitucional (TC), Marcela Peredo Rojas y la Suplente de ministro, Natalia Muñoz Chiu, quienes concordaron con los Relatores, José Francisco Leyton y Lino Riffo, respecto de la relevancia y desafíos de este mecanismo para garantizar el debido proceso y la justicia constitucional. Esto en el marco de sus intervenciones en la tercera clase del curso sobre la materia a cerca de 500 practicantes de diversas Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) del país.
Las expertas abordaron los principales aspectos y desafíos de la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, el mecanismo más utilizado ante este Tribunal. Este instrumento, que representa cerca del 97% de las acciones presentadas, busca garantizar que las normas de rango legal se apliquen de forma compatible con la Constitución.
En su intervención, la ministra (s) Natalia Muñoz subrayó que el Tribunal Constitucional ha mostrado celeridad en la tramitación de estas causas, aunque el desafío para los recurrentes es superar las etapas iniciales del procedimiento, como la admisibilidad y a ello pretende contribuir esta clase. Además, enfatizó que los principales cuerpos normativos impugnados incluyen el Código del Trabajo, el Código de Procedimiento Civil y el sistema de pensiones, entre otros. En cuanto a la distribución geográfica, Muñoz destacó que la mayoría de las causas provienen de la Región Metropolitana, aunque recordó que este Tribunal permite la presentación de requerimientos por medios electrónicos, ampliando el acceso desde las regiones más alejadas del país.
Por su parte, la ministra titular del Tribunal Constitucional (TC), Marcela Peredo, abordó las garantías del debido proceso que deben regir la acción de inaplicabilidad. Según la jueza constitucional, este mecanismo ofrece un doble trámite de control —admisión a trámite y admisibilidad— que asegura el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Constitución y la Ley Orgánica del TC. “Uno de los mayores desafíos es demostrar que el precepto impugnado es decisorio para la resolución del caso y que su aplicación vulnera derechos fundamentales. Muchas veces, los requerimientos carecen de fundamento plausible o no cumplen con las causales taxativas que establece la ley”, explicó Peredo.
Asimismo, la Ministra destacó que, a casi 20 años de la reforma constitucional del año 2005, que entregó el conocimiento de esta acción al TC, aún queda camino por recorrer para mejorar su aplicación práctica y asegurar que los casos lleguen a etapa de fondo, en que se dicta la sentencia.
Ambas expertas coincidieron en la importancia de formar a nuevos litigantes en esta materia. Además, resaltaron el valor de las herramientas digitales disponibles en el sitio web del Tribunal Constitucional, como los buscadores de jurisprudencia, para facilitar la preparación de casos y mejorar el acceso a la justicia constitucional.
Finalmente, los relatores del Tribunal, José Francisco Leyton y Lino Riffo, desarrollaron aspectos procedimentales de general ocurrencia para presentar adecuadamente un requerimiento de este tipo. El Sr. Riffo profundizó la primera fase de admisión a trámite, en que las Salas del Tribunal pueden decretar la suspensión del procedimiento. En síntesis, explicó los pasos a seguir para que un requerimiento pueda ser acogido a trámite y eventualmente se acuerde la medida de suspensión, y comentó elementos que posibilitan una mayor claridad para desarrollar un requerimiento, como su redacción inteligible, que sean acompañadas las certificaciones íntegras del proceso en que recae la inaplicabilidad solicitada y refiera con claridad cuál es el conflicto constitucional. Por su parte, el Sr. Leyton detalló la segunda fase del proceso ante el Tribunal, que corresponde a la admisibilidad, etapa en la que se evalúa si existen los argumentos constitucionales suficientes para ir al fondo, es decir, a la vista de la causa frente al Pleno de ministras y ministros de esta Magistratura.
La acción de inaplicabilidad no solo es un mecanismo esencial para la justicia constitucional en Chile, sino que también representa un desafío para abogados y autoridades. Garantizar que este instrumento sea accesible, eficiente y efectivo es clave para proteger los derechos fundamentales y fortalecer el Estado de Derecho.
Con el compromiso de continuar educando y promoviendo el uso de este recurso, el Tribunal Constitucional y las Corporaciones de Asistencia Judicial siguen avanzando hacia una justicia más inclusiva y acorde con las demandas ciudadanas. La próxima sesión se realizará el martes 10 de diciembre a las 15:00 horas, mediante la plataforma Zoom y quienes quieran asistir a este curso se deben inscribir utilizando el código QR que aparece en el afiche de la actividad en RRSS o en la página web del Tribunal (sección “Actividades”).
