Las Ministras María Pía Silva Gallinato y Catalina Lagos Tschorne expusieron en el encuentro académico más importante de Derecho público organizado por la Sociedad Internacional de Derecho Público y su capítulo chileno. El evento que se llevó a cabo los días 13 y 14 de enero en la Universidad del Desarrollo, contó con más de 800 juristas del mundo con diversos orígenes y trayectorias, quienes se reunieron bajo el tema “Estado de Derecho, instituciones políticas y función judicial”. Esta tercera edición incluyó 30 paneles, 4 sesiones plenarias y 130 expositores, donde académicos, jueces y autoridades compartieron su conocimiento y experiencias.
La Ministra María Pía Silva expuso el martes 14 de enero en el foro sobre “Justicia Constitucional e Instituciones Políticas”, compartiendo panel con el Suplente de Ministro de este Tribunal, Manuel Núñez y los profesores Catalina Salem y Patricio Zapata. Su ponencia abordó los efectos que produce la declaración de inconstitucionalidad de algunas normas incluidas en la Ley de Presupuestos 2025 cuando esta ha sido promulgada con anterioridad a que el Tribunal Constitucional (TC) se pronunciara sobre los requerimientos interpuestos en su contra, por alguna cuestión de constitucionalidad surgida durante su tramitación, tal como dispone el numeral 3 del artículo N°19 de la Constitución.
En su presentación, la Ministra Silva explicó que esta situación excepcional se encuentra prevista en el marco del inciso 6° del artículo 93 de la Constitución, y ocurrió debido a que varias reglas de la Ley de Presupuestos fueron impugnadas ante el TC, que resolvió sobre ellas mediante una sentencia emitida el 9 de enero y publicada cuatro días después en la web institucional.
Este escenario plantea una serie de interrogantes, ya que ni la Constitución ni la ley orgánica del Tribunal Constitucional regulan expresamente los efectos de una sentencia estimatoria de inconstitucionalidad cuando la Ley de Presupuestos ya ha sido promulgada. No obstante, se entiende que la sentencia de inconstitucionalidad produce efecto de cosa juzgada y genera la ineficacia de la ley, cuya validez estaba supeditada a la decisión del Tribunal.
En la mayoría de los casos, el Tribunal Constitucional ha ordenado la eliminación de las reglas declaradas inconstitucionales en la ley, reconociendo tácitamente su falta de eficacia, de modo que estas dejen de producir efectos jurídicos a partir de la publicación de la sentencia en el Diario Oficial (ex nunc). Sin embargo, en otros casos, no se ha adoptado esta medida, lo que ha generado consecuencias prácticas y dudas respecto de si la sentencia produce efectos retroactivos (ex tunc) o solo hacia el futuro, evidenciando la falta de una regulación constitucional clara al respecto.
Por su parte, la Ministra Catalina Lagos, expuso en ICON-S Chile el 13 de enero, sobre “Interseccionalidad y adjudicación constitucional: avances y desafíos”, en el panel denominado “La interseccionalidad en el Derecho: un enfoque integral” compartiendo en el panel con académicos de distintas universidades del País: Liliana Ronconi (U. Santo Tomás); Estefanía Esparza y Felipe Guerra (U. de La Frontera); Constanza Gumucio y Priscilla Brevis (U. de Concepción).
En su exposición, la Ministra Lagos dio cuenta de la reciente utilización de esta categoría en la jurisprudencia constitucional, efectuando un análisis comparativo a la luz de la jurisprudencia interamericana en la materia. Planteó los desafíos que supone la incorporación en la jurisdicción constitucional de conceptos elaborados en sede de protección internacional a los derechos humanos, y concluyó que para que ello pueda significar un avance desde una perspectiva dogmática, no basta con su invocación, sino que es menester dotarla de consecuencias jurídicas en el ejercicio de adjudicación que se realiza en sede constitucional.
El Capítulo Chileno de la Sociedad Internacional de Derecho Público (ICON-S) se consolida como un espacio académico diverso e interdisciplinario para debatir los desafíos actuales del Derecho Público. En su III Conferencia de enero, se exploraron temas como la función judicial en el Estado de Derecho, las instituciones políticas, los efectos de la inconstitucionalidad legislativa, la gobernanza democrática y el impacto de las decisiones judiciales en la política pública, promoviendo un diálogo enriquecedor entre académicos, jueces y autoridades de distintos contextos.
