En el marco de su Cuenta Pública 2024 del 21 de marzo, la Presidenta del Tribunal Constitucional, ministra Daniela Marzi Muñoz, presentó un balance de la gestión institucional, resaltando avances clave en transparencia, acceso a la justicia y modernización tecnológica. En la Sesión Extraordinaria de Pleno se enfatizó sobre el compromiso con la supremacía constitucional y la estabilidad democrática del país. La rendición en sus ocho capítulos incluyó jurisprudencia constitucional, actividad jurisdiccional y apartados dedicados a la gestión de personal, financiera, tecnológica y de comunicaciones. Asistieron al acto, el Primer Mandatario del país, Sr. Gabriel Boric Font; el Pdte. de la Corte Suprema, ministro Ricardo Blanco; la Contralora General de la República, Dorothy Pérez; Ministra SEGPRES, Macarena Lobos; Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; y otras altas autoridades, y funcionarios/as.
En el orden jurisdiccional, durante el año 2024, el Tribunal tramitó un total de 1398 requerimientos, de los cuales 386 correspondieron a procesos pendientes al año 2023 y 1012 a requerimientos nuevos, con un total de 1016 causas terminadas. Esto muestra una disminución en los ingresos, al contrastar este número con aquellos de años anteriores: el año 2023 (1547), 2022 (1914), 2021 (2668) y 2020 (1934), lo que se explica por la menor cantidad de requerimientos masivos, como son los casos de Ley de armas y Ley Emilia, entre otros factores. A su vez, la cifra de “arrastre” – que se refiere a aquellos procesos que se encontraban pendientes de sentencia al 31 de diciembre de 2024- es de 382 causas, similar a las 386 causas del año 2023, lo que da cuenta de la estabilidad en el flujo de trabajo.
Durante este periodo ingresaron 976 requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad (INA), lo que constituye el 96% del total de asuntos ingresados para el conocimiento del Tribunal Constitucional, semejante al porcentaje del período anterior. En materia de inaplicabilidad, se mantuvo la tendencia de que la normativa más impugnada pertenece al Código del Trabajo. De esta forma, “al igual que en el año 2023, puede afirmarse que los requerimientos se dirigen principalmente a normas procesales del ámbito laboral, civil y penal”, aclaró la Pdta. Marzi.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha mantenido sin restricciones la posibilidad de alegar por plataformas digitales −instaurado durante la pandemia− medida que, sumada a la tramitación electrónica, busca garantizar el acceso a la justicia constitucional a litigantes y jueces de todo el país. En este contexto, “miramos con gran interés el dato sobre el origen de los requerimientos, que sigue mostrando una concentración en la Región Metropolitana (445), pero con un papel creciente de otras regiones: Los Lagos con el mayor número de requerimientos (93), seguida de Valparaíso (75), Antofagasta (55), Bío Bio (50) y La Araucanía (45)”, enfatizó la Ministra Marzi, ratificando el compromiso del Tribunal Constitucional de llegar a todos los espacios del territorio nacional.
Más cifras:
En relación con las demás competencias del Tribunal, se dictaron 19 sentencias sobre controles obligatorios de constitucionalidad, 1 cuestión de constitucionalidad sobre auto acordado y 2 cuestiones de constitucionalidad sobre proyecto de ley o reforma constitucional.
En cuanto a las causas declaradas no admitidas a trámite durante el periodo 2024, se declararon no admitidos a trámite 216 inaplicabilidades, en contraste con los 390 de 2023. “No es posible inferir una tendencia de aumento de las barreras de acceso a la justicia constitucional, lo que no excluye el debate jurídico que pueda surgir”, relevó la Pdta. de la Sede Constitucional.
Fortalecimiento de las condiciones laborales en el Tribunal
La ministra Marzi subrayó los esfuerzos en el fortalecimiento del clima laboral y la regulación interna. Durante 2024, se avanzó en el Reglamento Interno del Personal y en el Auto Acordado sobre responsabilidad disciplinaria de las Ministras y Ministros, sobrepasando los estándares requeridos por el Plan Nacional de Integridad Pública, iniciativas que buscan mejorar las condiciones laborales y normativas dentro de la institución. Asimismo, se promovió la primera ley de incentivo al retiro, en respuesta a las necesidades del personal del Tribunal.
En cuanto a la vinculación con la comunidad jurídica, el Tribunal participó en instancias claves como la Comisión de Venecia y organizó actividades académicas en conjunto con el Congreso Nacional y diversas universidades, consolidando su rol en la discusión constitucional, permitiendo un diálogo con diferentes actores.
Son 87 funcionarios/as en el Tribunal, de los cuales 53 corresponden a la planta y 34 al personal regido por el Código del Trabajo. El 45% son mujeres y el 55% hombres.
Proyección 2025: estabilidad y responsabilidad
En su mensaje final, la ministra Marzi reafirmó el compromiso del Tribunal Constitucional con la estabilidad institucional y el fortalecimiento del Estado de Derecho. De cara al 2025, se proyecta un año de grandes desafíos, con énfasis en la modernización tecnológica, la transparencia y la eficiencia Institucional, asegurando que el Tribunal continúe desempeñando responsablemente su rol en la democracia chilena, como máximo intérprete del texto constitucional.
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