La Presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Ministra Daniela Marzi Muñoz, acompañada por el ministro Mario Gómez Montoya, asistieron al seminario “Control de convencionalidad en el marco de la imprescriptibilidad de la acción penal en causas de delitos de lesa humanidad”, actividad realizada en el contexto del Acuerdo de Cumplimiento entre el Estado de Chile y la parte peticionaria en el caso N° 13.133 “Cesario del Carmen Soto González y otros”, por recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su informe de admisibilidad y fondo N° 402/21. La actividad organizada por el Poder Judicial, la Cancillería y el Ministerio de Justicia se realizó el 26 de junio en el Salón de Honor de la Corte Suprema y fue un llamado a profundizar el diálogo entre el derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos.
El primero en hacer uso de la palabra fue el Ministro de Relaciones Exteriores (Minrel), Alberto Van Kleveren Stork, quien expresó que “este seminario busca fortalecer el conocimiento jurídico y la reflexión institucional en torno a estos dos principios fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos: el control de convencionalidad y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad”. Agradeció luego a la Corte Suprema (CS) por la organización del evento y agregó que “como Minrel, afirmamos nuestra convicción de que el cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de Organismos Internacionales de Derechos Humanos no solo constituye una obligación jurídica, sino también una oportunidad para avanzar en la consolidación de la memoria histórica, la justicia y la dignidad de las víctimas”.
A continuación, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo Falcón, destacó la importancia de las acciones legales impulsadas por los propios familiares de las víctimas, “quienes han sido, junto a las abogadas y abogados de derechos humanos, actores fundamentales para la apertura de procesos que hoy permiten avanzar en verdad y justicia”.
El Presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco Herrera, destacó la importancia de la actividad como medida de reparación a víctimas de crímenes de lesa humanidad y refirió que “el control de convencionalidad, conforme a la definición adoptada por la Corte Interamericana, impone a todos los jueces nacionales el deber de no aplicar normas internas contrarias a los estándares internacionales, y de realizar una interpretación conforme con las normas internacionales de derechos humanos”. Este principio, como recordó el propio Presidente Blanco, no sólo se encuentra hoy presente en la jurisprudencia, sino también en la política judicial y en los lineamientos institucionales del Poder Judicial. Es así como han rechazado la aplicación del Decreto Ley de amnistía, la media prescripción y la prescripción penal. Se recordó que la Corte Suprema reafirmó este enfoque en sus Jornadas de Reflexión del año 2021, en las que reconoció el carácter supraconstitucional de las normas internacionales de derechos humanos y la obligación de toda autoridad nacional de aplicarlas.
En representación de las víctimas, tomó la palabra Karinna Fernández, quien subrayó la trascendencia del reconocimiento de las resoluciones de la CIDH y por la CS. Valoró el pronunciamiento categórico del Presidente de la Corte Suprema en cuanto a la aplicación del control de convencionalidad en casos de crímenes de lesa humanidad, y enfatizó que el estándar de imprescriptibilidad debe aplicarse a todas las graves violaciones a los derechos humanos.
En sintonía con lo anterior, el magistrado Óscar Parra Vera, de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia, compartió la experiencia de su país en la lucha contra la impunidad. Explicó cómo la jurisdicción ha priorizado casos mediante el análisis de patrones de macro criminalidad, agrupando causas a partir de contextos sistemáticos, e integrando de forma decisiva la participación de las víctimas. Señaló que el control de convencionalidad ha permitido una interpretación amplia de los Tratados Internacionales, especialmente en la protección de archivos de inteligencia, la custodia de cementerios, la evaluación de solicitudes de extradición, entre otros.
Luego, la académica de la Universidad de Chile, Claudia Cárdenas Aravena, destacó que nuestro país tiene una base jurisprudencial sólida que reconoce que el derecho aplicable en casos de graves violaciones a los Derechos Humanos no se agota en el derecho interno. Afirmó que existe una línea jurisprudencial robusta que permite la aplicación conjunta del derecho penal interno e internacional, y que garantiza el respeto al principio de legalidad a través de una subsunción adecuada de los hechos conforme a la normativa vigente al momento de su comisión. Refutó los argumentos utilizados para justificar la prescripción penal en este caso, señalando que no son plausibles jurídicamente. Así, tanto la prescripción como la imposición de penas inferiores al mínimo legal constituyen manifestaciones de impunidad, y destacó que el caso colombiano demuestra que el control de convencionalidad ofrece herramientas eficaces para enfrentar dicha impunidad mediante una aplicación rigurosa y transversal del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Al encuentro asistieron también miembros de reparticiones coorganizadoras del encuentro, representantes de las víctimas, ministros en visita de causas de Derechos Humanos, ministros encargados de causas de Derechos Humanos, entre otros.
