El 29 de agosto, el Pleno de Ministras y Ministros del Tribunal Constitucional (TC), tras haber sesionado por primera vez en la Región del Biobío el día anterior, se dirigió a la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción (UdeC), donde se realizó el Seminario “Análisis de sentencias del Tribunal Constitucional en Inaplicabilidad”. La Presidenta de Esta Magistratura, Ministra Daniela Marzi, valoró la experiencia en sus palabras de bienvenida, indicando que el intercambio con la academia fortalece el razonamiento jurídico. Agregó que “existen ciertas coincidencias con la UdeC, porque en la primera integración del TC fue miembro el profesor de Derecho Internacional Público, Adolfo Veloso Figueroa. Valoro el intercambio de visiones jurídicas a partir de sentencias del Tribunal que son recientes y que significan debates”.
A continuación, la Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio de la UdeC, profesora Ximena Gauché, destacó la relevancia de la actividad “Este encuentro permite avanzar en dos objetivos estratégicos importantes: sostener un modelo de diálogo y colaboración entre distintas capacidades institucionales, y enriquecer la formación de nuestros estudiantes y académicos con nuevas claves para comprender y aportar a la justicia constitucional”. El decano de Derecho UdeC, Rodolfo Walter, también estuvo presente en la inauguración del evento y recibió al Pleno en el saludo entre ambas instituciones.
La exposición introductoria del seminario, especialmente dirigida a los estudiantes que asistieron para situarlos en materia de inaplicabilidad, estuvo a cargo del Ministro Miguel Ángel Fernández, quien destacó la importancia que el ejercicio de esta atribución tiene en el trabajo del TC y revisó los requisitos necesarios para interponer un requerimiento, así como algunos de los principales debates que se dan al interior del Tribunal y que se expresan en las sentencias de admisibilidad y de fondo, en relación con su interpretación.
En el Primer Panel del Seminario, titulado “Análisis de sentencias del Tribunal Constitucional en inaplicabilidad”, se abordaron dos ejes temáticos centrales. En primer lugar, el Derecho a la huelga y libertad sindical, con la participación de la Ministra Marcela Peredo Rojas y el profesor de Derecho Laboral Álvaro Domínguez Montoya. La jueza constitucional señaló que el caso expuesto trataba sobre la prohibición de ejercer huelga para los trabajadores de empresas prestadoras de servicios básicos.
Se analizó si el requirente podía hacer uso de este derecho, “toda vez que la norma impugnada se los prohibía en los mismos términos que la Constitución lo prohíbe para otros servicios, en tanto tienen un fin de utilidad pública”. Luego de ese razonamiento, el requerimiento fue rechazado por unanimidad, dando valor a la exigencia de bien común, entendida como la necesidad de que los servicios básicos se mantengan operativos.
Tras la moderación del vicedecano Manuel Campos, se inició la conversación sobre Exigencias legales y derechos fundamentales, espacio en el que se reflexionó acerca del rol del legislador, los límites constitucionales y las tensiones entre derechos fundamentales y exigencias legales. Las ponencias estuvieron a cargo de la Ministra Catalina Lagos Tschorne y de Amaya Álvez Marín, profesora de Derecho Público de la Universidad de Concepción. La Ministra Lagos se refirió a las sentencias sobre vacunas (Rol N°15.036) y juramento de abogados (Rol N°15.610), señalando:
“En mi exposición me referí a las herramientas teóricas que utilizó el TC en la adjudicación de derechos, y expliqué la fundamentación de cada una de ellas para dar cuenta de cuáles son los márgenes del ejercicio de las competencias que se nos ha asignado a la luz del artículo 93, número 6 de la CPR”.
A continuación, se desarrolló el Segundo Panel. Las presentaciones en este caso versaron sobre el artículo 2.331 del Código Civil y la reparación del daño moral, con la participación de la Ministra del TC, Nancy Yáñez Fuenzalida, y la profesora de Derecho Privado UdeC, Bárbara Silva. La ministra del Tribunal expuso sobre las sentencias (Roles N°15.413 y 15.282), que regulan las imputaciones injuriosas y limitan la indemnización pecuniaria. Explicó que esta norma ha generado múltiples requerimientos de inaplicabilidad. Señaló: “Una posición sostiene que la norma es contraria a principios como la dignidad humana, la reparación integral y la protección de los derechos fundamentales, lo que exige una interpretación evolutiva que proteja efectivamente la honra. Otra postura resalta la libertad de expresión como pilar democrático, pero cuestiona la exclusión absoluta del daño moral, que podría ser desproporcionada y no superar el test de proporcionalidad”. También se dialogó respecto a la distinción entre personas naturales y jurídicas, señalando que en estas últimas el daño moral suele traducirse en efectos patrimoniales, aunque se abrió el debate sobre las organizaciones no lucrativas, que podrían alegar afectaciones morales no reducibles a lo patrimonial.
Otro eje temático del Segundo Panel fue el Impuesto territorial y avalúo de bienes raíces (Roles N°718 y 15.953, y Roles N°10.907 y 14.344). Este tema fue desarrollado por la Ministra María Pía Silva Gallinato, quien indicó que dichos fallos examinan la aplicación del impuesto territorial en Chile, centrándose en el avalúo fiscal como base imponible. Presentó una sentencia del Tribunal relacionada con una adulta mayor que solicitaba una exención tributaria para su propiedad. Explicó que “las exenciones son beneficios específicos que el legislador establece y que, al romper con la igualdad tributaria, deben interpretarse de derecho estricto. El Tribunal rechazó la solicitud de la adulta mayor, porque el avalúo de su propiedad excedía el monto permitido, reafirmando que el requisito de avalúo es legítimo para proteger a adultos mayores en situación de vulnerabilidad y mantener la capacidad contributiva”.
El último eje temático del Seminario estuvo dedicado a las Restricciones recursivas, a cargo del académico de Derecho Procesal UdeC, Günther Besser, y del Ministro del TC, Héctor Mery Romero. El Ministro centró su exposición en el voto minoritario, abordando la relación entre el debido proceso y el derecho al recurso. Señaló: “No de un recurso determinado, no una apelación, no una casación, sino un derecho a un recurso efectivo como parte componente e inseparable del debido proceso”. Agregó que “desde ese punto de vista, las materias son distintas, pero en esta situación concreta corresponde al Tribunal velar siempre por la integridad de la Constitución, por su efectiva aplicación y por el debido proceso”. Este último panel fue moderado por el académico UdeC, Baltazar Morales.
