El jueves 4 de septiembre se desarrolló en el Palacio de Tribunales el conversatorio “Discapacidad Intelectual, Cognitiva y/o Psicosocial”, instancia organizada por el Subcomité de Acceso a la Justicia de Personas y Grupos Vulnerables del Poder Judicial, presidido por la ministra de la Corte Suprema, Jessica González, cuya secretaría técnica es la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos (DAIDH). Asistieron por el Tribunal Constitucional (TC), su Presidenta, Ministra Daniela Marzi Muñoz y la Ministra Alejandra Precht Rorris.
En la instancia se produjo un espacio de análisis interdisciplinario en torno a los retos que enfrentan las personas con discapacidad intelectual, cognitiva y/o psicosocial en el ejercicio de su capacidad jurídica, desde una mirada inclusiva y con enfoque de derechos humanos. El encuentro contó también con la presencia de los ministros de la Corte Suprema, Mauricio Silva y María Angélica Repetto, autoridades, abogados, especialistas y representantes del mundo académico y judicial.
La presidenta Marzi, consideró muy importante la actividad, dado que “nos permite conocer el trabajo que se ha hecho por la vía interpretativa para mejorar el acceso a la justicia de estas personas, lo que es un tema central para cualquier Tribunal: conocer las dificultades que tiene el acceso a la justicia -ordinaria o constitucional- y aquello que es posible hacer entendiendo el problema e intentando adaptar a las instituciones para que el derecho a la tutela judicial efectiva sea real para todas las personas en el país”.
Efectivamente, en el encuentro, la abogada y experta internacional en derechos humanos, María Soledad Cisternas Reyes, expuso sobre los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, enfatizando que la capacidad jurídica es un atributo inherente a toda persona, sin distinción ni discriminación.
A continuación, se abordó el panorama en Chile respecto a las barreras jurídicas y sociales que limitan el pleno ejercicio de la capacidad jurídica, las que se ven profundizadas por condiciones como pobreza, género o pertenencia a pueblos originarios. En este debate participaron María Pilar Iturrieta, del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis), y la jueza Isabel Zúñiga, del 1° Juzgado Civil de Santiago.
La ministra Jessica González destacó la necesidad de avanzar en dos ámbitos: “Normativos, respecto a la legislación para ajustarla a las reglas de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y en el ámbito del Poder Judicial, con una nueva mirada a la labor jurisdiccional, en procedimientos de interdicción”.
La jueza Zúñiga subrayó la importancia de que los distintos poderes del Estado se involucren activamente en esta reflexión: “Debemos asumir el modelo social de la discapacidad como un cambio de paradigma, lo que exige transformaciones normativas y la eliminación de barreras tanto ambientales como conductuales”.
El conversatorio concluyó con la idea de que es necesario ir avanzando hacia un sistema más inclusivo, respetuoso y acorde a los principios internacionales en la materia.
