Ambas partes rubricaron el documento oficial en una ceremonia realizada el lunes 20 de octubre, en la Sala de Audiencias Rodrigo Pica Flores del Tribunal Constitucional (TC). La Presidenta del TC, Ministra Daniela Marzi Muñoz, y el Director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), Daniel Álvarez Valenzuela, fueron los encargados de estampar la firma. Al evento asistieron el Subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado; la Subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao; y el Director Nacional del Tribunal Calificador de Elecciones (TRICEL), Raúl García, entre otras autoridades. Además, en representación de esta Magistratura, estuvieron presentes la Ministra María Pía Silva Gallinato, la Ministra y Presidenta del Comité de Ciberseguridad del TC, Catalina Lagos Tschorne, y el Ministro Mario Gómez Montoya.
El evento comenzó con las palabras de bienvenida de la Presidenta Marzi, quien destacó que “este convenio apunta a algo que nos interesa muchísimo, que es poder contribuir a que se pueda centralizar la información y que también podamos recibir el fortalecimiento necesario, porque para nosotros está siendo un proceso de aprendizaje y para eso se ha creado un comité específico”. Tras eso, agregó que “tenemos que actuar como Estado y no hay diferencias entre ninguna de las instituciones que conforman el Estado −muchas de ellas representadas aquí hoy− respecto de este desafío. Debemos trabajar de manera conjunta y sobrellevar esta tarea, de la que actualmente depende que podamos cumplir con nuestras funciones. Para nosotros es el inicio no solo de un diálogo, sino también de una colaboración”.
En la ceremonia de firma, a la cual también asistieron representantes de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones, el director de la ANCI, Daniel Álvarez, afirmó que “una de las lecciones aprendidas durante los diez meses de trabajo en la Agencia Nacional de Ciberseguridad es que los ataques suceden y no distinguen. Afecta a la institución pública y a los proveedores. En el pasado hemos visto tribunales que han dejado de tramitar causas por tres o cuatro semanas por un ataque y eso es algo que no puede seguir ocurriendo”. Complementó luego, diciendo que “este convenio permite ir creando una red en la cual la acción preventiva, a partir de compartir información para prevenir incidentes, logre una respuesta rápida ante los incidentes. Así, se va consolidando en todo el Estado y eso es muy importante”.
Posteriormente, el Subsecretario Rafael Collado puso énfasis en que “da gusto que estemos presenciando que las instituciones de seguridad y ciberseguridad empiezan a desplegarse en nuestro país, no solo desde lo normativo, sino también en lo operativo. La institucionalidad es importante”. Sobre el mismo punto, añadió que “generar mecanismos institucionales de colaboración lleva a que el Estado de Chile tenga una forma de trabajo en seguridad dedicada y profesional, para que vivamos en un país más seguro y ciberseguro”.
Por último, la Ministra Lagos, Presidenta del Comité de Ciberseguridad de esta Magistratura, aseguró que “el decidido avance en la transformación digital del Estado, del cual forma parte nuestro Tribunal, debe ir acompañado de los resguardos de ciberseguridad necesarios para proteger, entre otros, el tratamiento de los datos de los ciudadanos.” Tras eso, expresó que “destaco que este convenio permitirá convenir un mecanismo de reporte de incidentes de ciberseguridad. Asimismo, deja la puerta abierta para realizar actividades de colaboración entre ambas instituciones, lo que resultará fundamental para promover actividades específicas que permitan promover el resguardo de la ciberseguridad. El plan de actuación que elaboren los coordinadores respectivos será un instrumento crucial para diseñar una hoja de ruta conjunta de trabajo”.
Una vez finalizadas las mencionadas alocuciones, Daniela Marzi y Daniel Álvarez procedieron a firmar los ejemplares del convenio que establece una mutua colaboración en distintos ámbitos. El documento adquiere gran relevancia en un momento que la seguridad de la información constituye un elemento central en la operación de todas las organizaciones del Estado.
De acuerdo con la Ley N° 21.663, las instituciones y órganos autónomos constitucionales no están sujetos a la regulación ni fiscalización directa de la ANCI, pero pueden establecer mecanismos de cooperación voluntaria para el reporte y gestión de incidentes cibernéticos. Este convenio, en ese sentido, representa un paso concreto hacia la coordinación efectiva entre organismos del Estado.
