La VI Conferencia Mundial de Justicia Constitucional (WCCJ, por su sigla en inglés), que se desarrolló esta semana en Madrid, concluyó que la dignidad y los derechos de las generaciones futuras es un imperativo constitucional. Los más de 300 participantes, representantes de 85 tribunales y cortes de todos los continentes, se comprometieron a velar por que las decisiones judiciales de hoy no hipotequen las libertades de mañana. El Tribunal Constitucional (TC) de Chile estuvo representado por la Ministra Catalina Lagos Tschorne, el Ministro Héctor Mery Romero y la Ministra Alejandra Precht Rorris.
Así se ha reconocido en la última sesión de este congreso, moderada por la vicepresidenta del Tribunal Constitucional de España, Inmaculada Montalbán Huertas, quien subrayó que “cada generación tiene el deber ineludible de salvaguardar los derechos de las que están por venir, no actuar solo en función de los intereses del presente”. Para ello, relevó el papel de los tribunales constitucionales, puesto que “sus decisiones no solo corrigen vulneraciones de derechos fundamentales, sino que contribuyen a orientar políticas públicas, limitar los excesos del poder y trazar el rumbo hacia un desarrollo más equitativo y sostenible”.
En el primer día (28 de octubre), el TC chileno participó en la reunión del grupo regional y lingüístico que conforma la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional, mientras que el miércoles 29, lo hizo en la sesión sobre preservación del patrimonio cultural de la humanidad. Con la relatoría del Ministro Héctor Mery, la sesión estableció que se ha defendido la importancia de preservar el patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, porque sustenta la identidad y la resiliencia de los ciudadanos del futuro. “Se deben aplicar mecanismos para proteger los bienes culturales, resolver litigios sobre el patrimonio y abordar prácticas culturales que entren en conflicto con los derechos humanos universales”, se concluyó en la sesión.
Otro de los puntos principales de la Conferencia fue la denuncia de las amenazas a la independencia de algunos tribunales y cortes constitucionales miembros. Algunos expusieron que enfrentan injerencias políticas en los nombramientos, retrasos en la ejecución de sus decisiones o campañas dirigidas a minar la confianza pública en ellos. En algunos casos, incluso se ha intentado debilitar el control constitucional mediante restricciones presupuestarias o procesales.
La legitimidad de los tribunales constitucionales reside en el mandato constitucional, en el razonamiento basado en principios, la transparencia procesal y el valor de gobernar de acuerdo con la ley, también cuando las decisiones son políticamente inconvenientes.
Los participantes también han subrayado el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible. En este sentido, han destacado su capacidad para resolver asuntos relativos a daños medioambientales y para aplicar la justicia climática. La jurisdicción constitucional se compromete a defender marcos jurídicos que impidan daños ecológicos irreversibles y que confirmen las obligaciones del Estado para las generaciones futuras.
Además, el VI Congreso Mundial concluyó que la conectividad digital, el acceso justo a la información y la gobernanza ética de las tecnologías emergentes son elementos vitales para el desarrollo humano. Por eso, es imperativo que los tribunales y cortes protejan a las personas contra los abusos de la vigilancia, la discriminación algorítmica y las violaciones de la privacidad de datos. El acceso equitativo a la infraestructura digital y a los sistemas de conocimiento son cuestiones por las que también tienen que velar.
Finalmente, los participantes han reclamado una cultura del constitucionalismo en la que las decisiones judiciales se apliquen fielmente y la crítica judicial siga siendo constructiva.
