La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) y representante titular del Estado de Chile en la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho −llamada “Comisión de Venecia” (CV)−, María Pía Silva Gallinato, fue elegida por el pleno de este órgano como Vicepresidenta de la Subcomisión de Latinoamérica y además como miembro titular del Consejo de Elecciones Democráticas, que es el único órgano tripartito del Consejo de Europa, integrado por miembros de la Comisión de Venecia, de la Asamblea Parlamentaria y del Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa. Su finalidad es aunar en un mismo organismo, la experiencia jurídica de la Comisión y la experiencia política de la Asamblea y el Congreso, para promover los valores europeos comunes y los principios del patrimonio electoral europeo. Esto ocurrió en la 145ª sesión plenaria de dicha Comisión, realizada los días 12 y 13 de diciembre en Italia.
Tras las reuniones que se llevaron a cabo desde el jueves 11 de diciembre, la Ministra Silva presentó un informe, en cuya redacción colaboró junto a otros tres expertos europeos y miembros de la Comisión de Venecia, sobre “La libertad de expresión, la prohibición del discurso de odio y la promoción del pluralismo en el contexto de las campañas electorales“. La presentación se realizó frente al Consejo de Elecciones Democráticas (órgano tripartito conformado por representantes de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, del Congreso de representantes locales del Consejo de Europa y miembros de la Comisión de Venecia) y, posteriormente, el sábado 13, ante el pleno de la Comisión junto a Fabio Giogvanoli, representante de San Marino.
La Ministra Silva expuso sobre las principales conclusiones del trabajo, con especial énfasis en las narrativas de migración y asilo. Señaló que la migración se ha convertido en uno de los temas más sensibles y controvertidos de las democracias contemporáneas, y que en contextos electorales los(as) migrantes suelen ser objeto de estigmatización y deshumanización, afectando no solo sus derechos, sino también la calidad del debate público y las condiciones estructurales de la deliberación democrática. La jueza constitucional chilena destacó que el informe busca conciliar —y no oponer— la libertad de expresión con la prohibición del discurso de odio, subrayando que ambos objetivos son complementarios en una democracia pluralista. A partir de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, explicó que la expresión política goza de una protección reforzada, especialmente durante las campañas electorales, pero que esta no es absoluta. “Cuando el discurso electoral incurre en desinformación deliberada, incitación al odio, discriminación o deshumanización de grupos vulnerables, los Estados pueden imponer restricciones previstas por la ley y necesarias en una sociedad democrática, siempre bajo un estricto principio de proporcionalidad y como último recurso frente a medidas menos intrusivas”, sostuvo la jueza constitucional.
Finalmente, la exposición de la Ministra Silva, abordó las recomendaciones del informe para enfrentar el discurso de odio y el desorden informativo, especialmente en el entorno digital. La representante de Chile relevó la necesidad de establecer estrategias integrales que incluyan códigos de conducta para partidos políticos y medios de comunicación, autorregulación, transparencia en la publicidad electoral y el financiamiento de campañas, así como medidas para garantizar información plural, imparcial y verificable. Asimismo, subrayó la importancia de la cooperación entre el Estado, los medios, las plataformas digitales y la sociedad civil, junto con la alfabetización mediática y la promoción del periodismo profesional, como herramientas claves para proteger la integridad electoral y la libertad de los votantes para formarse una opinión informada.
En la 145ª sesión plenaria de la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, se realizaron elecciones para ocupar los cargos principales del órgano. Es así que la italiana Marta Cartabia fue electa presidenta por un período de dos años, en lugar de la francesa Claire Bazy Malaurie, mientras que la macedonia Renata Deskoska, el noruego Eirik Holmøyvik y el británico Tim Otty fueron elegidos vicepresidentes. En paralelo, la italiana Simona Granata Menghini se mantuvo como secretaria del directorio.
Cabe recordar que la Comisión de Venecia es responsable de brindar asesoría legal sobre cuestiones constitucionales destinadas a promover la democracia, el Estado de derecho y el pleno respeto a los derechos fundamentales entre sus más de 60 Estados miembros. En el caso de las opiniones específicas sobre países, la Comisión solo puede actuar por requerimiento de las autoridades del estado involucrado, órganos del Consejo de Europa (Asamblea Parlamentaria, Comité de Ministros o Congreso de Autoridades Locales o Regionales), Secretaría General, Unión Europea o algunas de las organizaciones internacionales autorizadas, como, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos.
