Este viernes 31 de marzo, la Presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Nancy Yáñez, dio a conocer la gestión realizada en el último año, garantizando estándares de transparencia y probidad, permitiendo el control ciudadano sobre la actividad jurisdiccional, administrativa y financiera del Tribunal. La presentación abarcó todos los aspectos que comprende el mandato legal: cuenta de la gestión jurisdiccional, de qué manera se gestionan los recursos para el cumplimiento de las funciones, rendición con una auditoría externa, mayor eficacia en la gestión extendiendo el quehacer del TC a todo el territorio nacional. Por otro lado, se relevó la posibilidad de nutrirse de la experiencia comparada: “esta cuenta precisamente releva el trabajo entre pares, que busca fortalecer la justicia constitucional e identificar los problemas que podrían estar gravitando en esta tarea, para efectos de promover correcciones institucionales. Esto es muy importante en un contexto en que se discute el diseño institucional”, enfatizó la Presidenta. La cuenta incluyó por primera vez un acápite relativo al impacto de los requerimientos de INA en regiones, lo que resulta fundamental con jurisdicción a nivel nacional.
La Cuenta Pública de la Presidencia 2022, abarcó la gestión de tres presidentes: la del Ministro Juan José Romero Guzmán, quien finalizó su periodo el 18 de marzo de 2022; la presidencia interina del Ministro Cristián Letelier Aguilar, de conformidad con el artículo 6° de la Ley Orgánica Constitucional del TC, quien tuvo la responsabilidad de dirigir esta alta Magistratura a partir del 21 de marzo de 2022; y la presidencia de Nancy Yáñez a partir del 13 de julio de 2022, de conformidad con el artículo 5° de nuestra Ley Orgánica. “No puedo dejar de destacar la labor cumplida por quienes me han precedido y cuyas gestiones se ven reflejadas en esta cuenta”, destacó la Ministra Yáñez.
En los Asuntos jurisdiccionales, durante el año 2022 se tramitaron un total de 1.914 procesos constitucionales, de los cuales 684 correspondieron a procesos pendientes al año 2021 y 1.230 a requerimientos nuevos. Esto muestra una disminución significativa en relación con los requerimientos ingresados durante el año 2021 (2.668) y 2020 (1.934). Asimismo, durante el año pasado se dictaron un total de 802 sentencias definitivas, mientras que en los años 2021 y 2020 las sentencias definitivas dictadas fueron 1.738 y 1.439, respectivamente.
De los 1.230 requerimientos ingresados durante el año 2022, 1.194 (97,07%) corresponden a requerimientos de inaplicabilidad, en adelante INA, 26 a controles obligatorios de constitucionalidad, 3 a cuestiones de constitucionalidad sobre auto acordados, 1 cuestiones de constitucionalidad sobre proyectos de ley, 1 a reclamos en casos de no promulgación de la ley, 2 a requerimientos de inconstitucionalidad de partidos o movimientos políticos, 1 a contiendas de competencia y 2 a cuestiones de constitucionalidad de decretos Supremos.
El hecho de que el 97,07% de las causas ingresadas el 2022 correspondan a requerimientos de INA, muestra la importancia que esta herramienta de control concreto de constitucionalidad de la Ley, tiene en el ordenamiento actual y en la actividad jurisdiccional de este Tribunal. Asimismo, confirma la tendencia en torno a la actividad jurisdiccional registrada durante los últimos 18 años a partir de la reforma constitucional de 2005, que le entregó la competencia de conocer de esta materia a esta Magistratura.
Al observar los requerimientos de INA ingresados durante el año 2022 atendiendo al tipo de requirente (legitimados activos), se constata que 1.191 fueron presentados por las partes de la gestión pendiente, y solo 3 por el juez que conoce del asunto.
En cuanto al tiempo de tramitación de los requerimientos de INA, se observa que el promedio de tramitación para las causas ingresadas el año 2021 y terminadas en el año 2022, fue de 228 días; mientras que, los requerimientos de INA ingresados durante el año 2022 y terminados durante el mismo año, tuvieron un tiempo promedio de tramitación de 216 días. Se confirma la tendencia en la reducción de los tiempos de tramitación.
En esta cuenta pública se incorporó por primera vez un acápite relativo al impacto de los requerimientos de INA en regiones, lo que resulta fundamental teniendo en cuenta que esta Magistratura ejerce jurisdicción nacional. La desagregación de esta información permite ver como se materializa territorialmente el acceso a la justicia constitucional a efectos de identificar y superar brechas derivadas de la centralización de nuestras funciones. En este contexto, si bien el mayor número de presentaciones de requerimientos de INA durante el año 2022 se concentran en la Región Metropolitana (569), seguido de las regiones de Valparaíso (97), Antofagasta (64), Biobío (63) y la Araucanía (58), es posible observar como el requerimiento de inaplicabilidad ha comenzado a ser utilizado por los litigantes y tribunales de justicia de regiones, consolidándose como un mecanismo fundamental de justicia constitucional.
Todo esto nos muestra que el Tribunal Constitucional se ha consolidado como una instancia fundamental dentro del circuito de instituciones con que cuentan las personas para la protección de sus derechos a nivel nacional. En relación con los controles preventivos de ley, como se señaló, durante el año 2022, se dictaron 26 sentencias por esta competencia, declarándose inconstitucionales tres disposiciones legales por infringir diversas normas constituciones.
Dentro de la gestión institucional, un hito importante fue el lanzamiento y puesta en funcionamiento, el 8 de agosto de 2022, del nuevo sistema de tramitación electrónica, permitiendo dar un mayor orden y transparencia en los procesos de tramitación y gestión de causas, facilitar la consulta de expedientes por parte de los usuarios, al mismo tiempo que facilitar el acceso remoto de usuarios de regiones, garantizando el acceso a la justicia constitucional a todos los habitantes del país.
Finalmente, en el ámbito de la gestión financiera interna, conforme con lo dispuesto en el artículo 165 de la Ley Orgánica Constitucional del TC, durante el segundo semestre de 2022 se efectuó por primera vez una auditoría de la gestión financiera y patrimonial, a cargo de una entidad externa de reconocida trayectoria. Esta auditoria permitió contar con una opinión independiente de la gestión. “Si bien no se identificaron problemas relevantes en nuestra gestión financiera, en el contexto de esta auditoria el Tribunal Constitucional decidió acogerse a la normativa contable vigente para el sector público emitida por la Contraloría General de la República (Resolución N°16 de 2015)”, explicó la Presidenta Yáñez.
