Tras su participación en la 140 Sesión Plenaria de la Comisión de Venecia, la ministra María Pía Silva Gallinato, viajó a Heidelberg para exponer el lunes 14 de octubre en un coloquio organizado por el Instituto Max Planck sobre Derecho Público comparado y derecho internacional. Tras la actividad académica, la representante del Tribunal Constitucional sostuvo una reunión con el equipo directivo de Max Planck, en la cual se abordaron propuestas de colaboración entre el Instituto y esta Magistratura.
En la sede del Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law de Heidelberg, la Ministra Silva participó en el Coloquio Iberoamericano número 308. En la ocasión, el profesor argentino de derecho constitucional, Roberto Gargarella, expuso sobre la situación actual del constitucionalismo en Latinoamérica y las causas institucionales de la crisis entre la democracia y el constitucionalismo. El académico trasandino se detuvo en la experiencia vivida por el proceso constituyente en Chile y el escenario que se abre a México con la reforma constitucional, que fuerza a la elección popular de todos los jueces del Poder Judicial.
A continuación, la Magistrada chilena, dictó una conferencia sobre Justicia Abierta en el Tribunal Constitucional de este país, deteniéndose en la forma en que este ha promovido espacios de participación ciudadana, lo cual conduce a una mayor compresión y recepción de sus sentencias, así como también contribuye al control ciudadano de la actividad de la Magistratura.
Por su parte, el director del señalado Instituto Max Planck, Armin Von Bogdandy, expresó ser partidario de una mirada evolutiva del derecho constitucional y, deteniéndose en el rol de los tribunales, sostuvo que éstos, al resolver las controversias sometidas a su decisión, ocupan el espacio público.
El intercambio de opiniones entre los panelistas y el público presente giró especialmente, en torno al rol que cumplen los tribunales constitucionales en el Estado de Derecho actual, para sostener que, ejerciendo un control jurídico de los actos del poder, son llamados a contribuir, al mismo tiempo, al fortalecimiento de la democracia, lo cual requiere que se abran a generar un diálogo con la ciudadanía dentro de una concepción de la democracia no solo representativa, sino que participativa.
