El jueves 24 de julio la Presidenta del Tribunal Constitucional (TC), ministra Daniela Marzi, y el Ministro Raúl Mera Muñoz, asistieron a la inauguración del encuentro preparatorio de la II Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, en la Corte Suprema. En la ceremonia presidida por la Pdta. (s) del Máximo Tribunal del Poder Judicial, ministra Gloria Ana Chevesich, el jurista y director de la Real Academia Española (RAE), presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado, dictó una conferencia sobre el derecho a comprender. Esta fue la primera ocasión en que este Tribunal participó en esta instancia en calidad de integrante de la Red Panhispánica, tras su incorporación oficial a ella a fines de marzo. Anteriormente participó en calidad de invitado en la Primera Convención, celebrada en Madrid, España.
En su ponencia, el director de la RAE explicó que, respecto del lenguaje del Derecho, ese organismo ha estudiado las oscuridades propias de la expresión jurídica, sus causas y ha avanzado en el intento de aclararlas. Al respecto, expresó que la RAE ha confeccionado un libro de estilo de la justicia, donde se identifican los mayores vicios y en qué consiste esa oscuridad. En dicho libro, se dice que el lenguaje jurídico es un lenguaje de especialidad, técnico y, por lo tanto, maneja algunos conceptos que no están en el lenguaje común, lo que resulta inevitable. Agregó que la terminología jurídica ha heredado muchas de sus voces de las fuentes de las cuales se inspira, como el latín, el griego y árabe, sin que se pueda o se deba omitir completamente el uso de expresiones latinas y otras de orden técnico, que son propias del derecho, pero resultando necesario cuidar de emplear una redacción llana, evitando el uso de arcaísmos susceptibles de ser sustituidos por expresiones modernas y, sin perjuicio de los inevitables, evitar el uso innecesario de tecnicismos.
Por otro lado, el experto español destacó que resulta deseable que respecto del lenguaje claro existan guías comunes, aspecto que la RAE y todas las Academias de la Lengua han considerado, por lo que han trabajado en conjunto en la confección de una guía panhispánica de lenguaje claro y accesible, “pretendiendo que se constituya en patrón general para esta materia, pues sería peligroso que se fragmentara un lenguaje que hemos utilizado siempre en común”, enfatizó Muñoz Machado.
El director de la RAE destacó también la necesidad de confeccionar un diccionario de términos y expresiones jurídicas, que no tenga las características de un diccionario enciclopédico para juristas, como lo son los que hasta ahora han existido, sino que revista la forma de un diccionario común, accesible para las personas en general.
En lo sustancial, la ponencia de Muñoz Machado puso énfasis en que la claridad y accesibilidad del lenguaje de los documentos jurídicos, tanto de las propias leyes como de las resoluciones judiciales y administrativas, es un derecho de los ciudadanos, que se ha ido reconociendo poco a poco en distintos textos legislativos y que es menester que esa tendencia se extienda y consolide.
Esta reunión internacional tuvo por misión preparar la II Convención Panhispánica de Lenguaje Claro, reforzando los lazos de cooperación entre instituciones de diferentes países al respecto, entregar el proyecto de estatutos de la Red y recibir las propuestas de temas a tratar en la próxima Convención. En esta ocasión participaron instituciones nacionales, adheridas a la Red de Lenguaje Claro Chile, tales como el Senado, la Biblioteca del Congreso Nacional, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el Banco Central, la Academia Chilena de la lengua, otras instituciones nacionales y, desde luego, el Tribunal Constitucional, representado en la reunión de trabajo por el ministro Sr. Raúl Mera. También se sumó el encargado técnico del TC, el director de Estudios, Manuel Puccio.
Estuvieron también de forma presencial, representantes de las Academias Argentina y Mexicana, y de la Universidad de La Plata. De forma virtual participaron más de 20 instituciones de Argentina, Colombia y Uruguay.
La Red, que agrupa a más de quinientas instituciones y personas de diferentes países de América, España, Filipinas y Guinea Ecuatorial, se ha consolidado como una organización comprometida con el acceso igualitario a la información pública a través de un lenguaje inclusivo, accesible y claro.
