Este viernes 14 de noviembre concluyó el Seminario Internacional Interpretación y Argumentación Constitucional, organizado por el Tribunal Constitucional (TC) y el Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (UCH). Esta instancia reunió durante sus tres jornadas a jueces constitucionales, académicas y académicos, y profesionales del Derecho para abordar, desde perspectivas teóricas, dogmáticas y prácticas, los debates contemporáneos sobre la argumentación constitucional y los desafíos que enfrentan los tribunales en el ejercicio de su función. Su propósito central fue fortalecer el diálogo académico y comparado en torno a la interpretación constitucional, profundizando durante la mañana del viernes 14, en temas clave como las distintas lecturas de la Constitución, el uso del lenguaje jurídico, el precedente, la justicia transicional, la perspectiva de género y la relación entre el derecho interno y los estándares internacionales de derechos humanos.
La jornada comenzó con la Quinta Sesión moderada por el profesor Domingo Lovera. Inició este bloque el académico José Francisco García (PUC), quien reflexionó sobre la evolución reciente del precedente en el derecho constitucional chileno y los desafíos que presenta para la práctica jurisdiccional. Al respecto, señaló que “la evolución y consolidación del sistema de precedentes es virtuosa porque genera cooperación colectiva y predictibilidad en las reglas del juego… doctrinas y criterios estables permiten que el derecho coordine eficazmente la acción social y otorgue certeza a las personas acerca de lo que se espera de ellas y de la autoridad. Al mismo tiempo, obliga al juez constitucional a ser deferente con la tradición interpretativa que lo antecede.
Luego, fue el turno de la académica Daniela Accatino Scagliotti (UACH), quien abordó los desafíos de la justicia transicional chilena desde una perspectiva procesal. En su intervención, sostuvo que “en el caso de la justicia transicional chilena, es importante poner a la luz pública que no existen juicios orales y que los casos se tramitan mediante procedimientos escritos, muchas veces en condiciones de opacidad e invisibilidad de las pruebas. Esta estructura procesal ha dificultado que el proceso penal opere como un verdadero ritual de ciudadanía, en el que una persona debe responder por un agravio público que la comunidad política comparte con las víctimas, algo que en un procedimiento escrito resulta mucho más difícil”.
Tras una pausa, se dio paso a la Sexta Sesión, moderada por la profesora María Beatriz Arriagada, de la Universidad Diego Portales. En este bloque, el académico Fernando Atria Lemaitre (UCH) presentó una reflexión crítica sobre la expansión de la jurisdicción constitucional y sus efectos en la democracia. Sostuvo que este crecimiento no resuelve por sí mismo los conflictos polémicos propios de la vida democrática. Atria advirtió que, cuando los tribunales constitucionales se convierten en el escenario central de disputas políticas, el derecho adquiere el mismo carácter polémico que intentaba contener. Señaló que “las instituciones políticas existen para hacer probable que el conflicto democrático no lo decida la fuerza del más fuerte, sino el poder comunicativo de los ciudadanos. Cuando la jurisdicción constitucional se convierte en el escenario donde se libra esa disputa, el derecho corre el riesgo de transformarse en un espacio tan polémico como la política que pretendía contener”.
Posteriormente, la académica Yanira Zúñiga Añazco (UACH) presentó una exposición centrada en la incorporación de la perspectiva de género en la jurisprudencia. Señaló que este enfoque permite identificar y corregir sesgos históricos presentes en normas y prácticas jurídicas, con el fin de asegurar que el derecho opere como un garante efectivo de igualdad. Asimismo, destacó que en la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional se observa una incorporación creciente de esta perspectiva, especialmente en materias vinculadas a derechos reproductivos y reconocimiento de la diversidad. La profesora valoró positivamente este desarrollo y lo presentó como un proceso en evolución dentro del sistema jurídico, subrayando que la perspectiva de género constituye una herramienta interpretativa que puede fortalecer la argumentación judicial y enriquecer la protección de derechos en el marco constitucional vigente.
Para finalizar la sesión, el abogado e investigador argentino de Conicet y Universitat de Girona, Federico Arena, analizó los desafíos de la coherencia interpretativa en el constitucionalismo comparado. En su intervención destacó que “las convenciones interpretativas no bastan para decir que una interpretación constitucional es correcta o incorrecta, y eso abre un espacio incómodo para el escepticismo sobre lo que los jueces dicen que la Constitución significa”. En la misma línea, que “si tomamos en serio el escepticismo sobre la corrección de las interpretaciones, tenemos que volver a preguntarnos qué estamos haciendo cuando hablamos de que un fallo constitucional acierta o se equivoca”. Por último, sostuvo que “aunque los tribunales constitucionales casi no tienen control por arriba, la práctica colectiva de los jueces puede funcionar como una convención que los disciplina horizontalmente y limita lo que cada uno puede hacer al interpretar la Constitución”.
Con esto, se dio por concluida la jornada de la mañana de esta instancia de reflexión e intercambio académico, que reunió a relevantes actores del mundo jurídico nacional e internacional. El Tribunal Constitucional destacó el valor de continuar promoviendo espacios de deliberación que fortalezcan la cultura constitucional chilena.
