El martes 6 de mayo en el Palacio de La Moneda, la Ministra del Tribunal Constitucional, Nancy Yáñez Fuenzalida, presenció la ceremonia en que el Primer Mandatario, Gabriel Boric Font, recibió el informe final de la Comisión Presidencial “Para la Paz y el Entendimiento”. La instancia fue creada para proponer bases de solución de largo plazo a la problemática territorial en el sur del país. La actividad congregó a autoridades de los poderes del Estado, organismos autónomos, representantes del Gobierno e integrantes de la Comisión.
La Comisión Presidencial “Para la Paz y el Entendimiento” fue creada en junio de 2023 como instancia transversal encargada de proponer las bases de una solución a la problemática territorial en el sur del país. Su función consistió en elaborar recomendaciones destinadas a canalizar por vías institucionales las demandas de restitución de tierras y de reparación, así como a promover condiciones de paz duradera, entendimiento entre las comunidades mapuche, el Estado, además de otros actores presentes en los territorios involucrados.
Durante su funcionamiento, la Comisión desarrolló un amplio proceso de trabajo que consideró sesiones oficiales, audiencias, diálogos interculturales, además de espacios autoconvocados, en el que, entre julio de 2023 y enero de 2025, participaron más de cinco mil personas provenientes de 31 comunas de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. El informe final sistematiza ese trabajo en 21 recomendaciones, organizadas en ejes de justicia, reconocimiento, reparación a víctimas y desarrollo territorial, además de propuestas sobre la institucionalidad necesaria para su implementación. Incluye, entre otros aspectos, medidas de reconocimiento constitucional, fortalecimiento organizacional del pueblo Mapuche, lineamientos para un sistema de reparación a víctimas y criterios generales para abordar la problemática de las tierras junto con el desarrollo de las regiones afectadas.
La participación de la Ministra Nancy Yáñez en esta ceremonia se enmarca en el interés del Tribunal Constitucional por seguir de cerca procesos que inciden en la configuración de políticas públicas con relevancia constitucional, en especial aquellas relacionadas con los derechos de los pueblos indígenas, el fortalecimiento del Estado de derecho y los mecanismos democráticos de resolución pacífica de conflictos en el territorio.
