La Magistrada del Tribunal Constitucional (TC), María Pía Silva Gallinato, expuso en el cierre de este encuentro que se realizó, entre el 8 y 9 de enero, en la sede de La Serena de la Universidad Central. La Sociedad Internacional de Derecho Público (ICON-S) es una comunidad con miembros de todas las regiones del mundo, incluyendo a académicos de todos los ámbitos del Derecho y de otras áreas, como humanidades y ciencias sociales. Además, cuenta con versiones locales en 21 países, dentro de los cuales está Chile, que este año organizó la cuarta versión de su reunión anual, cuyo nombre fue “Gobierno y democracia. Las transformaciones del poder público en el siglo XXI”.
La Ministra Silva -una de las miembros fundadoras de ICON-S en el país- expuso sobre la acusación por delito que merezca pena aflictiva como causal de suspensión del derecho a sufragio establecida en la Carta y su comprensión por el Tribunal Constitucional. Al respecto, se refirió a que la Constitución Política establece que, para acceder a ciertos cargos de elección popular, la persona debe ser un ciudadano con derecho a voto, lo cual supone que no esté suspendido en el ejercicio de este último derecho. En este sentido, la Magistrada Silva mencionó que el debate está en torno a determinar cuándo se entiende que una persona está “acusada” por ese tipo de delitos, recordando que el Tribunal Constitucional, empleando una interpretación sistemática, finalista y armónica del requisito constitucional, ha considerado que la acusación por un ente administrativo, como es el Ministerio Público, no es suficiente para satisfacer los estándares constitucionales sino que se requiere la intervención judicial a través del auto de apertura del juicio oral firme y ejecutoriado.
Ello ha conducido a que la norma de la ley N°18.556 que ordena al juez de garantía comunicar al Servicio Electoral las personas que en el mes anterior hayan sido acusadas por delito que merezca pena aflictiva, se haya declarado constitucional por el TC siempre que, en los hechos, a la acusación le siguiera la apertura del juicio oral, como ha expresado en las STC roles 2152, 10.006 y 14.156. Tal interpretación, sin embargo, no fue seguida por el Tribunal Calificador de Elecciones en sentencias dictadas en noviembre del año pasado, el que, acudiendo a normas del Código Civil, interpretó en forma literal el vocablo.
Sobre su participación en esta conferencia, aseguró que “esta versión reunió a un gran número de profesores, de distintas universidades del país, especialmente jóvenes que se están doctorando. Ellos exponen sus tesis en distintas mesas que funcionan paralelamente y el público que asiste comenta sus trabajos y aporta ideas. En un análisis del derecho constitucional muy actualizado y aterrizado, con metodologías nuevas de acercamiento a los temas. La actividad es de un alto nivel académico con nuevos ámbitos de investigación. Eso enriquece mucho la discusión y la dogmática constitucional”.
Al terminar, es necesario mencionar que los inicios de ICON-S se remontan a la conferencia inaugural, que se llevó a cabo, entre el 24 y 26 de junio de 2014, en Florencia, Italia. Desde entonces, se han organizado conferencias anuales de carácter global −salvo en 2020, por la pandemia de covid-19−, las que se han desarrollado en Nueva York (2015), Berlín (2016), Copenhague (2017), Hong Kong (2018), Santiago (2019), Breslavia (2022), Wellington (2023), Madrid (2024) y Brasilia (2025). En paralelo, existen versiones locales en Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Francia, Georgia, Israel, Italia, Malta, México, Nigeria, Portugal, República de Corea, Singapur, Taiwán y Turquía.
Cabe recordar que el capítulo chileno de la Sociedad Internacional de Derecho Público es una instancia dedicada al estudio del derecho público contemporáneo y en sus conferencias reúne a especialistas en temas como constitucionalismo, gobernanza, ciencia política y teoría del Estado, entre otros.
