La Magistrada del Tribunal Constitucional (TC), María Pía Silva Gallinato, representante titular del Estado de Chile en la Comisión Europea para la Democracia a través del Derecho, conocida como “Comisión de Venecia”, participó en este evento en su condición de vicepresidenta de la Subcomisión de Latinoamérica y de representante titular de la Comisión ante el Consejo de Elecciones Democráticas. Además de la Sesión Plenaria, la jueza Silva estuvo presente en las diversas actividades que se desarrollaron, entre el 5 y 7 de marzo, en Italia.
El trabajo de la Ministra Silva comenzó el jueves 5 de marzo, día en el cual se desarrolló el 86to Encuentro del Consejo para las Elecciones Democráticas, en el que participó como miembro titular del mencionado órgano y en el que se adoptó una resolución sobre los informes que fueron puestos en su conocimiento. La Magistrada expuso en la presentación de la estructura y objetivos del informe sobre Libertad de expresión, prohibición del discurso de odio y promoción del pluralismo en el contexto de campañas electorales, cuya aprobación quedó pospuesta en la sesión de diciembre para que el grupo de expertos, del que forma parte, se hiciera cargo de algunas observaciones, siendo aprobado esta vez.
Luego, durante la tarde, la jueza Silva hizo una presentación sobre la misma materia en la reunión de la Subcomisión de la Comisión de Venecia de Instituciones Democráticas, instancia en la cual también se discutieron borradores sobre diversas propuestas de opinión, vinculadas a propuestas de reformas legales y constitucionales de diversos países, y amicus curiae.
En cuanto a las sesiones del Pleno, que se llevaron a cabo el viernes 6 y sábado 7 de marzo, se adoptaron seis opiniones sobre seis países (Eslovaquia, Finlandia, Lituania, Moldavia, Perú y Polonia), un amicus curiae para la Corte Constitucional de Moldavia y dos informes solicitados por órganos del Consejo de Europa (uno sobre la violencia pornográfica y otro sobre Libertad de expresión, prohibición del discurso de odio y promoción del pluralismo en el contexto de campañas electorales), todos aprobados unánimemente. Además, hubo un intercambio de visiones con el Secretario General del Consejo de Europa, Alain Berset.
Al respecto, la Magistrada comentó que “fue un verdadero honor escuchar su visión (la del secretario general) sobre el rol de la democracia y el Estado de derecho en la convulsionada Europa actual”. Igualmente, se valoró el aporte de la Ministra Silva en el informe sobre Libertad de expresión, prohibición del discurso de odio y promoción del pluralismo en el contexto de campañas electorales. Al respecto, la jueza Silva expresó que “me agradecieron por mi participación, indicándome que mi contribución había sido crucial en este importante informe, que aborda un tema delicado, controversial y muy actual debido a la amplia cobertura y difusión que tienen las opiniones que se vierten a través de las nuevas tecnologías en momentos en que la ciudadanía debe adquirir información transparente, veraz y oportuna para formarse su propia opinión y poder votar”.
El mencionado informe se origina por solicitud del Parlamento del Consejo de Europa y surge por su preocupación por la existencia de formas explícitas o implícitas de discursos de odio en contra de los migrantes y refugiados, especialmente durante los períodos electorales. En el contexto político actual, tales personas suelen ser retratadas de una manera que las estigmatiza y deshumaniza. La Comisión de Venecia se centra en los debates políticos sobre migración, pero sus consideraciones y conclusiones son igualmente aplicables a cualquier otro grupo vulnerable. En tal contexto, aborda la libertad de expresión y sus posibles limitaciones, la libertad de los votantes para formarse una opinión y la prohibición del discurso de odio u otras expresiones discriminatorias, especialmente en contra de los(as) migrantes. Se buscó conciliar estas cuestiones en lugar de oponerlas para analizarlas a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de las recomendaciones de los órganos del Consejo de Europa y de la Comisión de Venecia.
Ante las posibles limitaciones a la libertad de expresión, por expresiones hostiles, se proponen soluciones alternativas a la prohibición y la represión, entendiendo que la evaluación de los límites a tal libertad debe ser cuidadosa y contextualizada, conforme al principio de proporcionalidad, mientras que las sanciones penales son de última ratio. Si bien el pluralismo democrático exige que el debate electoral sea libre y abierto, pudiendo los actores políticos promover opiniones divergentes o críticas respecto de la migración, ciertas formas de expresión pueden quedar fuera del ámbito protegido, en particular cuando los discursos afectan gravemente la dignidad o derechos de migrantes y otros grupos vulnerables o cuando socavan los valores que fundan el sistema de protección de los derechos humanos. Por ello, en cualquier circunstancia el discurso de odio está prohibido. El problema se ha complejizado, porque el desarrollo de las tecnologías digitales y la inteligencia artificial han incrementado drásticamente el impacto de las declaraciones en las campañas electorales, ya que el desorden informativo −la desinformación, información errónea o noticias falsas− afecta la libertad de los votantes para formarse una opinión.
Cualquier medida debe proporcionar resultados oportunos y rápidos, pues el discurso de odio no solo puede afectar a los grupos minoritarios, sino también distorsionar el debate público. Se examinan los medios adecuados para contrarrestar la desinformación y se proponen medidas para combatirla, entendiendo que los Estados deben ser neutrales durante los períodos electorales y tienen que adoptar medidas positivas para trasladar los derechos humanos y las normas internacionales en el ámbito electoral al entorno digital, sin perjuicio de siempre prohibir los discursos de odio y otras expresiones discriminatorias.
Por último, se destaca la participación y colaboración de los actores públicos y privados en la garantía de la igualdad de condiciones, incluidas las plataformas digitales y los proveedores de servicios en línea, quienes deben asumir su responsabilidad por el desorden informativo.
El referido informe intentó responder todos los comentarios y las preguntas planteadas en la sesión de diciembre, cuando fue presentado. En él, hay mayor precisión respecto del papel que juegan el Estado, los partidos políticos y los candidatos en el enfrentamiento al discurso de odio y otras formas de discriminación. Finalmente, plantea nuevas ideas sobre las formas de prevenir y combatir, especialmente, la desinformación proveniente de los nuevos medios tecnológicos y sobre cómo, quienes la difunden, deben asumir su responsabilidad.
La Comisión de Venecia está integrada por 60 países y es un órgano consultivo que entrega informes y recomendaciones a todos sus miembros. Chile ingresó a este foro en 2005 y, desde entonces, el Tribunal Constitucional ha sido un permanente representante del Estado chileno.
